Madrid, 20 junio de 2019, Día Mundial Refugiado.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denuncia el “incumplimiento al derecho de asilo en España” y exige “poner en marcha de manera urgente y con los recursos necesarios medidas para garantizar el derecho asilo en nuestro país”.
La RED presentó este marzo de 2019 ante la Agencia Europea de Asilo un informe adjunto a esta nota donde se probaron con testimonios, pruebas y fotografías de personas en proceso de asilo en el terreno, la ineptitud, deshumanización, ineficacia y falta absoluta a los DDHH por parte de Cruz Roja y ACNUR, siendo Lesbos el principal ejemplo de la nula capacidad de estas grandes entidades y de la UE y sus estados miembro al respecto de la situación de los Estados con respecto a las personas refugiadas. Por eso, ha subrayado la necesidad de “hacer manifiesta esta grave situación en las zonas de acogida, que no cuentan con procesos de privacidad mínimos ni con protocolos contra las personas más vulnerables como las mujeres, LGTBI, menos no tutelados y mujeres víctimas de violencia de trata”.
La Red ha remarcado el deterioro del funcionamiento de estas grandes entidades “con una capacidad crítica nula” y donde no se cumplen “los acuerdos internacionales en materia de asilo y refugio”. Asimismo, ha querido mencionar que estas violaciones de DDHH, son financiadas, acordadas y conocidas por la Agencia Europea y producen dolor en quienes lo sufren y vergüenza e indignación entre los ciudadanos y la sociedad civil. “Hacen falta intervenciones activas, no políticas de gestos vacíos que condenan vidas al olvido”, ha subrayado.
La Red Española de Inmigración ha querido poner la atención especialmente en la ausencia de estrategia, esfuerzo, y planificación de este tema que han tenido los dos últimos gobiernos de España, “que no han hecho absolutamente nada y que pretenden culpar a Europa mientras no ha tomado ninguna medida para frenar esta dramática situación”. Para la Red, donde tendría que haber “protección y garantías” solamente ha habido “desdén y puertas cerradas” hacia los solicitantes de asilo en nuestro país.
Así, la Red de Inmigración propone al gobierno de nuestro país las “5 medidas urgentes para el asilo en España”:
- Un sistema de colaboración compartido de todas las entidades sociales dedicadas a la integración de personas refugiadas, con el objetivo de vertebrar estrategias de acogida conjuntas con una dotación presupuestaria suficiente y una contratación adecuada de técnicos y personal para hacer frente al colapso de peticiones de asilo en nuestro país.
- Una regulación por silencio positivo de todas las peticiones superiores a dos años a la espera de trámite, tal y como permite la ley y permitiendo poner punto y final a quienes quedan desamparados fuera del sistema en un limbo injusto, sin avanzar por no tener respuesta a su petición.
- Detener la asignación nominativa (a dedo) de contratos y subvenciones a las grandes ONGs para pasar a un sistema de concurrencia competitiva claro, transparente y que incentive el esfuerzo y las mejores ideas, así como los mejores protocolos en materia de acogida y refugio y donde también tengan cabida las medianas y pequeñas entidades sociales.
- Descentralizar en las Comunidades Autónomas, tal y como ha señalado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, para que sean estas quienes asuman los fondos de integración y sea el Ministerio de Interior quien procese la tramitación de las peticiones de asilo, democratizando y la acogida a nivel autonómico y municipal y descargando en competencias a la Administración General del Estado, actualmente colapsada en este ámbito y sin capacidad para actuar respecto a lo que los DDHH mandatan y los acuerdos internacionales en materia de asilo y refugio exigen.
- Construir un Foro de diálogo y propuestas integrado por las personas refugiadas y solicitantes de asilo, para que sean ellos y ellas quienes, con refuerzo institucional, recursos y apoyo de las entidades sociales especialistas en el tema, dialoguen de manera horizontal con la administración y tengan capacidad directa de decisión y evaluación de la situación y de las medidas que se ponen en marcha.