MADRID 26 DE MAYO DE 2016.- La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a través de sus servicios jurídicos ha presentado esta mañana ante la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO denuncia a raíz de los hechos sucedidos y acreditados a través de testimonios gráficos y audiovisuales obtenidos por los equipos de prensa de la Red durante el transcurso de la manifestación del pasado 21 de Mayo convocada por Hogar Social Madrid y autorizada por la Delegada del Gobierno Concepción Dancausa.
En la denuncia se detallan acciones contra las minorías, exaltación del odio hacia confesiones religiosas, cargas producidas tras la misma por parte de integrantes de esta hacia grupos concentrados en las cercanías, así como se pormenoriza el uso de toda clase de imágenes y material gráfico contra las personas refugiadas e inmigrantes a las que en todo momento durante el mismo trayecto se buscó criminalizar e insultar.
Así mismo, se amplían denuncias a raíz del acoso recibido en redes sociales hacia la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en su perfil de Twitter @redinmigracion que se une al seguimiento realizado de cuentas anónimas vinculadas a la propia manifestación incorporándose las actitudes de odio y discriminación así como los ataques y amenazas sufridos desde Redes Sociales (Twitter) hacia la Red.
A juicio de los servicios jurídicos de la organización se entiende que estos delitos están encuadrados dentro del ámbito de los delitos de odio con el agravante de publicidad y evidencian que organizaciones como Hogar Social Madrid y sus grupos afines concentrados en dicho evento se encuentran plenamente al servicio de la promoción del odio a las minorías por todo lo cual se las considera civil y penalmente responsables de los hechos sucedidos en aplicación de los Art. 169 (amenazas) con el agravante del 170 (grupo étnico o racial como objeto de amenazas) 510 (fomento delitos de odio) así como en el 514 (el uso de elementos peligrosos dentro de manifestación como botes de humo, bengalas y actitudes violentas etc. así como el proceder a no detener las actitudes contra grupos presentes en la manifestación y otros) delitos castigados todos ellos con penas de 1 a cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses.