“Un Ministerio, que tiene que tratar a todas las entidades por igual, no puede colocar su logo en comunicados conjuntos con una de las partes en conflicto” afirma la Red que manifiesta su condena a convertir una institución de todos en instancia de parte.

MADRID 22 DE ENERO 2024. Los servicios jurídicos de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han procedido a presentar esta mañana una DENUNCIA al amparo de la ley 40/2015 así como la Ley de transparencia y buen gobierno por incumplimiento de los principios que deben regular a la administración pública del estado al respecto del uso por parte del Ministerio del logotipo de una entidad privada, a los efectos de reforzarla y mostrar así el apoyo de esta ante las denuncias de irregularidades en un centro gestionado por ACCEM en Alcalá de Henares. 

“¿Es ACCEM, una entidad privada con más del 80% de su financiación que supera los 140 millones de euros, parte del Ministerio? ¿Porqué el Ministerio usa el logotipo que nos representa y debe tratar a todos por igual para apoyar a su subcontrata? La ley impide que una institución pública haga acciones como esta precisamente si el beneficiario es una entidad privada. Un asunto es una declaración institucional con motivo de un día internacional pero no hay antecedentes de que para respaldar a un contratista privado, se coloque el logo de una asociación privada al mismo nivel que el del Ministerio, se le cedan las redes sociales y canales de prensa del Ministerio y se le busque en todo momento asociar al Ministerio en detrimento de todas las demás ONGs del Estado. La Red también ha sido atacada por grupos violentos y jamás ha recibido un apoyo así de este Ministerio bajo ningún gobierno ¿Nos tenemos que fiar de su neutralidad? ¿Van a atacar a las ONGs que forman parte de la Red a partir de ahora?¿Donde queda su neutralidad en los procedimientos que se abren en concurrencia y en donde se debe guardar la APARIENCIA DE NEUTRALIDAD que ahora han tirado por la borda?” afirmó Rafael Escudero, Secretario General de la Red. 

La legislación en materia de buen gobierno es una normativa que específicamente sanciona que las administraciones abandonen la neutralidad debida ya que, de otra forma, serían estructuras que podrían ver como se impugnan todos sus procesos al considerarse de parte y no neutrales, precisamente algo que también reconoce la Unión Europea en varias de sus directivas en materia de libre concurrencia competitiva y buen gobierno. 

Esta denuncia, que se ha presentado esta mañana por parte de los servicios jurídicos de la Red ante la Oficina de Conflicto de intereses, será continuada, cuando se falle, ante el ámbito contencioso administrativo por considerar que impugna todos los procesos y para buscar consolidar una doctrina que garantice que las instituciones públicas no usan canales que son financiados por toda la ciudadanía para satisfacción de uno de sus contratistas privados.