Madrid 1 de julio de 2024 La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha lanzado un desesperado llamado de auxilio al Ministerio de Igualdad para evitar la inminente deportación de L.L.V una mujer racializada de origen afrodescendiente natural de Brasil de solo 27 años de edad, víctima de violencia de género en su país de origen y que actualmente se encuentra detenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid y que puede ser deportada hoy a las 12h de la mañana. Este caso, resalta las complejidades y desafíos que enfrentan las víctimas de violencia de género migrantes, y merece una atención urgente así como una respuesta humanitaria por parte de las autoridades españolas.
Antecedentes del Caso
L.L.V. es una mujer de origen brasileño de 27 años que llegó a España huyendo de una situación de violencia extrema en su país natal. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, Leticia denunció a su entonces pareja por agresión, una decisión que en Brasil puede conllevar un grave riesgo para la vida de la víctima, especialmente para mujeres afrodescendientes. Tras la denuncia, Leticia se refugió en España con la esperanza de encontrar seguridad y justicia. Debemos recordar los datos que ofrece el último informe de HRW https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/brazil-0#49dda6 donde señala la grave situación que aún hoy afrontan las mujeres.
Algunos datos destacables de este informe que nos permiten saber el estado de la violencia hacia las mujeres en Brasil, solo en el último año son:
A. Entre enero y junio, 34.000 mujeres y niñas sufrieron violación, un aumento del 15 % en comparación con el mismo periodo de 2022
B. Los asesinatos de mujeres subieron 2,6 %, llegando a 1.902
C. Más de un millón de casos de violencia doméstica estaban pendientes en los tribunales a finales de 2022
Desafortunadamente, una serie de errores administrativos y falta de asesoramiento adecuado han llevado a Leticia a una situación crítica. Ahora enfrenta una orden de deportación que podría devolverla a un entorno donde su agresor aún tiene los medios para poner en peligro su vida.
Esta situación es típica en los procesos de migración, donde un contexto diferenciado entre España y el país de origen, la falta de una continuidad o dirección única en el proceso de asistencia letrada y un grave fraccionamiento de la asistencia letrada han llevado a que en cada punto del proceso solo se tuviera en cuenta una situación y no se expusiera este caso, algo común por el miedo a las represalias que se tendrían en caso de ser finalmente deportada a su país habida cuenta de los graves datos que se han dado anteriormente.
La Solicitud de Amparo
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, a través de su Secretaría General, ha solicitado al Ministerio de Igualdad que intervenga en este caso. La organización pide que se otorgue un período de gracia para la víctima, permitiendo así una revisión más detallada de su situación y la posibilidad de garantizar su seguridad en España.
En la carta dirigida a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo García, se resalta la importancia de que España continúe siendo un refugio seguro para las víctimas de violencia de género. Se enfatiza que, aunque la situación actual de la víctima es administrativa, los motivos humanitarios deben prevalecer para pausar temporalmente el proceso de deportación, algo que ya apunta el vigente Art. 31bis de la Ley Orgánica 4/2000 (LOEX) [Legislación básica en materia de extranjería] y que se encuentra además reflejado en la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer)
Importancia de la Intervención
El caso de la víctima no es solo un asunto individual; es un reflejo de los desafíos sistémicos que enfrentan las víctimas de violencia de género que buscan refugio en otros países. La intervención del Ministerio de Igualdad no solo podría salvar la vida de esta víctima, sino también sentar un precedente importante sobre cómo se manejan estos casos en el futuro.
Las víctimas de violencia de género se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, y es esencial que las políticas de inmigración y los procedimientos administrativos reflejen una comprensión y una sensibilidad adecuadas hacia estas realidades. La protección de los derechos humanos y la seguridad de las víctimas deben ser una prioridad en todos los niveles de la administración. No podemos obviar que el proceso de denuncia, el trauma que genera y la potencial revictimización hace que la huida sea la respuesta típica a nivel psicológico, así como el miedo y desconfianza patente a los operadores jurídicos sumada a la enorme diferencia cultural que ha impactado en este caso generando un marco que ha provocado que la víctima no pueda generar un marco de respuesta suficiente en su proceso para poner en marcha una estrategia que visibilizase su situación.
La situación de L.L.V es una llamada urgente a la acción para las autoridades españolas. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha planteado una petición clara: otorgar el tiempo y la seguridad que necesita para evitar una deportación que podría tener consecuencias trágicas mientras se reorganiza su defensa jurídica y se expone un nuevo rumbo en su caso. Es crucial que el Ministerio de Igualdad y otras entidades gubernamentales respondan con rapidez y humanidad, demostrando así su compromiso con la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su origen o situación migratoria.
Para aquellos interesados en apoyar esta causa, es vital mantenerse informados y presionar a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para protegerla así como a otras víctimas de violencia de género que se encuentran en situaciones similares.
FUENTES:
https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/brazil-0#c6de0b
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544&p=20230509&tn=1#a31bis