MADRID, 24 de agosto de 2015.- La Red Española de Inmigración, plataforma conformada por juristas, expertos en materia migratoria y entidades del tercer sector quiere trasladar la importancia del próximo Consejo Interterritorial de Salud del 2 de septiembre en el que se valorará, gracias a la presión ciudadana y a los pasos de recuperación de derechos efectuados por los gobiernos autonómicos, la situación de las personas migrantes de origen irregular en el ámbito de la salud y la recepción de prestaciones sanitarias.

Desde la Red acogemos con preocupación las actitudes manifestadas por el Ejecutivo central a través de su Secretario General, que a fecha presente sigue sin recibir al movimiento asociativo y a los principales agentes de este sector, toda vez siguen sin aplicar el retorno a la sanidad universal, pública y gratuita; criterio que defendemos y consideramos como único viable.

En este sentido, desde la Red Española de Inmigración queremos trasladar nuevamente nuestro agradecimiento a todas las comunidades que han devuelto, en el uso de sus competencias estatutarias, la sanidad universal a las personas indistintamente de su situación administrativa y consideramos que cualquier solución que se vertebre desde el Gobierno en este sentido no puede provocar la segregación racial y social de la ciudadanía, arbitrando una sanidad de segunda que obviamente discriminará entre seres humanos y obligará a los profesionales médicos a una limitación en su catálogo de recursos para atender al enfermo de manera continuada.

“Las declaraciones del Presidente del Gobierno en torno a que este día dos de septiembre se vertebrará un sistema para los migrantes en situación administrativa irregular es vacía si se analiza en el contexto de una persona que firmó, apoyó y respaldó los mayores recortes sanitarios de nuestro país. Celebramos que quiera rectificar, pero no podremos hacer una valoración positiva mientras no retorne, sin excusas europeas, a un sistema sanitario público y universal que no se limite a los cuidados de urgencias sino que asuma la totalidad de servicios y no obligue a los profesionales de la salud a elegir entre el coste de los tratamientos y la vida de los pacientes” afirmó David Fernández, portavoz de la Red Española de Inmigración.

Desde la Red queremos trasladar, como entidad que siempre ha manifestado su oposición a la reducción de la cartera de servicios sanitarios, que el coste económico de privar de la atención sanitaria no hospitalaria de urgencias a los sectores poblacionales de inmigrantes es lo que ha obligado a este ejecutivo a variar su postura, así como la presión de organismos internacionales; puesto que no consideramos probada la voluntad del Ejecutivo de trabajar a favor de sistemas que no nos lleven a un apartheid sanitario en España que sólo provocaría un efecto llamada para el racismo, la xenofobia y el odio al diferente.

La Red Española de Inmigración trabajará estrechamente con los Gobiernos autonómicos y reiterará su disposición a mantener un encuentro con el Gobierno central para analizar las políticas de Sanidad en relación a las personas migrantes en situación irregular instando al Ejecutivo central a que unifique su postura, actualmente fraccionada entre tres ministerios, garantizando así un interlocutor único y válido en materia de inmigración en el país.