El Ministerio expulsará a un grupo de 23 personas el martes que viene en Alcalá de Henares incluidos menores.

MADRID 19 DE ENERO DE 2024. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en coordinación con entidades locales de apoyo a las personas migrantes de Alcalá de Henares, ha alertado a las autoridades autonómicas acerca de la inmediata expulsión sin solución habitacional de un grupo de 23 personas migrantes, todas ellas sin referentes ni alojamiento, a los que, antes de su expulsión no se les ha ofrecido derivación alguna a los servicios sociales por parte de la entidad gestora (ACCEM) en un episodio más del caos que centra el día a día de los espacios de acogida de emergencia que el Gobierno de España ha dispuesto en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.

La expulsión de estos usuarios contraviene, a juicio de los servicios jurídicos de la Red, el derecho administrativo básico, puesto que se hace sin darles pie a ser consultados, oídos antes de ser expulsados, mezclando a menores con mayores de edad y sin dar vía alguna para que los servicios sociales autonómicos o locales puedan vertebrar vías para evitar que no se vean condenados a la exclusión y la mendicidad.

Desde la Red se quiere alertar como solo en las últimas fechas se ha incorporado un contingente de más de 300 personas al centro de Alcalá de Henares donde conviven, sin separación, menores con mayores de edad, sin que tampoco el Ministerio haya dispuesto vías para derivarlos. En dicho centro se han constatado situaciones contrarias a Derecho como el marcado de usuarios y su numeración en brazo y manos elemento acreditado por fotografías aportadas a una denuncia incoada por la propia Red en colaboración con entidades locales de la ciudad de Alcalá de Henares.

“Pedimos al Ministerio la prórroga automática de la estancia de los usuarios y un cambio inmediato en la dirección del centro de Alcalá de Henares que es, con mucho, el peor de toda la Red de centros de emergencia. El descontrol en dicho centro es inasumible como también el trato degradante a sus usuarios. Todos los residentes tienen una resolución donde se reconoce su vulnerabilidad firmada por personal funcionario del Ministerio. Esta vulnerabilidad es la que acredita que se haya invertido todos los recursos económicos que sustentan este dispositivo de emergencia. No se puede prometer a los usuarios, para sacarlos de Canarias, ayuda y estabilidad para, tras apenas pasar unas semanas, expulsarlos en pleno invierno sin advertir a las administraciones locales y autonómicas y tensionar a ONGs y entidades independientes que no podemos asumir este reto en solitario” afirmó Rafael Escudero, Secretario General de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

TRATO VEJATORIO, RETENCIONES SIN AUTORIZACIÓN Y MENORES Y MAYORES DE EDAD MEZCLADOS

La Red ha constatado que se limita sin medida judicial las salidas de las personas internas en el centro, se realizan procesos de control sin autorización así como se adopta una actitud más propia de un CIE, con hasta tres controles para la salida de las personas, limitando a apenas dos horas efectivas el tiempo del que las personas internas pueden disponer para salida del mismo. Estas malas prácticas, así como la falta de entrega de recursos, según testimonios recogidos por la Red a través de la red de entidades de Alcalá de Henares que si están prestando apoyo a los internos cuando consiguen salir del mismo para su tiempo libre, son contrarios a los derechos básicos de cualquier persona que no esté sometida a medida alguna de privación de libertad, convirtiendo el centro no en un espacio de integración, sino en un entorno más asimilable a un centro de libertad vigilada, todo lo cual atenta contra las funciones del centro. Al respecto de la existencia de menores su existencia ya fue reconocida por un portavoz de ACCEM en una entrevista en el diario EL PAIS a raíz del intento, denunciado por la Red y recogido por dicho medio entre otros, de evitar que pudieran salir a la calle y tenerlos retenidos en el centro elemento que fue oportunamente denunciado por la Red ante el Defensor del Pueblo y constatado por diferentes periodistas (“Los centros de acogida de migrantes identifican a cientos de adolescentes mezclados con adultos” EL PAIS, 2 de Enero 2024)

La Red, a través de sus servicios jurídicos, ha advertido a la dirección del centro que, de proseguir con las expulsiones sumarias, incoará una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y solicitará la intervención de la Fiscalía y al resto de instituciones, garantes del Estado de Derecho, para que procedan a encausar a quienes, siendo funcionarios públicos, están consintiendo y siendo cooperadores necesarios para este flagrante incumplimiento de la normativa de servicios sociales, infancia, migraciones y procedimiento administrativo, así como evitando que personas que desean solicitar, entre otros, el ejercicio de su derecho al asilo puedan hacerlo.

La Red quiere manifestar finalmente su enorme sorpresa por la respuesta del Ministerio competente en materia de migraciones y le insta a visitar e inspeccionar su propio centro dado el palmario desconocimiento de lo que está pasando realmente en el mismo y el trato al que someten a las personas internas desde su dirección “En lugar de atacar a ONGs independientes, sean transparentes de una vez” recuerda la Red que ha tenido que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la negativa del Ministerio de migraciones a facilitar los protocolos y contratos que sustentan estos centros a través de petición de transparencia que fue desoída por el departamento responsable de migraciones.