LANZAROTE 1 DE JULIO DE 2024. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado anuncia que interpondrá QUERELLA CRIMINAL contra la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias al respecto de la situación denunciada por la Red Ciudadana de Solidaridad con las personas Migrantes en Lanzarote sobre el recurso CASA DEL MAR. 

La fundamentación de la denuncia se entiende por las condiciones, destapadas por la citada organización de Lanzarote, en que se encuentra ese centro y el proceso de contratación seguido para este centro, donde se ha detectado una importante carencia al no exigir en el contrato ratios exactas de personal ni establecer una responsabilidad suficiente en esta materia para la entidad gestora, lo que ha generado un limbo asistencial para los menores tutelados adscritos a este centro, así como por la responsabilidad directa de la Dirección General de Infancia Canaria que asumiendo el estado del centro no ha destinado fondos de emergencia para hacer una mejora inmediata del mismo, una reestructuración de este o su remozo inmediato, algo que, al igual que la contratación de servicios, podía acometerse a la par. A tal efecto, la no existencia de alternativas para su acogimiento choca con la existencia de mecanismos en el ámbito del derecho y la contratación pública para garantizar que si ese era el único espacio físico disponible se le diera un acondicionamiento adecuado.

En este particular la Red quiere señalar que indistintamente de la falta de instalaciones es perfectamente posible acometer los arreglos suficientes cuando además se está otorgando a la entidad concesionaria de dicho centro un importe mensual de más de 124.000 euros según consta en el pliego de contrato vigente en la Plataforma de Contratación del Estado al que ha tenido acceso la Red (así como a otros disponibles) donde se establecía el precio plaza y otras realidades.

“Si sumamos el importe plaza, las condiciones que ha puesto la Consejería y Dirección General de total falta de ratios de profesionales (puesto que no constan en el expediente de contratación) y el resto de elementos que hemos detectado al revisar el contrato adjudicado mediante un negociado sin publicidad a la Fundación gestora entendemos que la situación es totalmente indefendible. No hay ratio de profesionales fijada, ni tampoco un plan de acogida realista, tampoco se ha usado los elementos de la contratación pública. Una cosa es no tener espacios y otra es pensar que un menor, tras advertencias de la fiscalía, puede vivir en estas condiciones. Es incomprensible que igual que se declaró la emergencia para la asistencia no se generasen contratos para adecuar las instalaciones de forma provisional, algo que se hace siempre, como pasó en el caso de Ceuta o Melilla así como Andalucía o Cataluña ante riesgos similares. No es que no hay espacios, es que hay dejación o falta de capacidad, por lo que entendemos hay una grave negligencia en la gestión por parte de la Dirección General que deberá determinar un tribunal” afirmó Rafael Escudero, Secretario General de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. 

La Red formalizará en las próximas horas el alcance de sus acciones ante la jurisdicción ordinaria y quiere recordar como, en su visita no gubernamental ya advirtió de potenciales incoherencias y situaciones no ajustadas a Derecho en el marco de la contratación pública de la atención a menores migrantes que supusieron que la Consejera titular de políticas sociales cancelase, tras la ronda parlamentaria y las declaraciones a medios de Canarias de esta realidad, la reunión que se fijó con la Red y sus agentes sociales, a la que ha seguido una total falta de transparencia y diálogo con nuestra organización.